Otra denuncia contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se cae por falta de fundamentos y elementos probatorios que sustenten la apertura de una investigación. La Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inadmitió la denuncia de un ciudadano que se basaba en un video del diputado del Pacto Histórico, Jonhy Acosta, en el marco de las investigaciones contra el ‘Zar del contrabando’.
Diana Vanegas, directora del Departamento de Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, señaló que “se acaba de proferir un fallo en el cual inadmite una denuncia presentada en contra de la Gobernadora por presuntos nexos con el señor Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. El fundamento de la inadmisión de esta de esta denuncia es básicamente porque un ciudadano la formula con base en un video que ronda en redes sociales por parte de uno de los diputados que hace oposición a la Gobernadora. Nuevamente la Corte Suprema de Justicia falla protegiendo, digamos, este deber del debido proceso, la presunción de inocencia”.
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El proceso se originó por una PQRS presentada el 14 de mayo de 2025 por el ciudadano Carlos Ariel Duque. Tras analizar el caso, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó que la denuncia debía inadmitirse al tratarse de una «denuncia sin fundamento».
En la decisión, el ente investigador concluyó que los hechos expuestos eran «indeterminados y ambiguos», lo que impedía «estructurar un norte investigativo serio que justifique la activación de la administración de justicia», al estar sustentados en afirmaciones vagas, descontextualizadas y sin identificar una conducta concreta atribuible a la gobernadora.
A pesar de ello, durante más de un año se adelantaron actuaciones de policía judicial dentro del proceso. Entre ellas, la Fiscalía citó a entrevista al denunciante Carlos Ariel Duque, quien solicitó la apertura de una investigación contra la mandataria apoyándose exclusivamente en el contenido del video del diputado Acosta.
Duque no asistió a la diligencia y posteriormente envió un audio en el que reiteró que el sustento de la denuncia provenía de videos publicados en redes por el diputado y afirmó que «hay cosas más importantes en Colombia que entrevistarme».
Por su parte, el diputado Jonhy Acosta Villota declaró ante la Fiscalía, el 3 de diciembre de 2025, que los cuestionamientos contenidos en su video obedecían a su condición de diputado de oposición a la administración departamental y a la preocupación que le generaron reportes periodísticos sobre el denominado «zar del contrabando». No obstante, fue enfático en señalar que «no le consta la existencia de un nexo» entre la gobernadora y esa persona, y precisó que únicamente ha visto a la mandataria en la Asamblea Departamental, sin haber sostenido comunicación con ella.
“Aquí el llamado a la ciudadanía es a que la oposición debe de fundamentar su derecho constitucional al control político con base en pruebas, con base en argumentos y con base en investigaciones serias, no en videos que simplemente buscan ganar adeptos y buscan generar este tipo de comportamientos. Por esta razón, cuantas veces que un ciudadano se vea menoscabado en su honra y buen nombre, pues seguiremos acudiendo a las instancias judiciales. En algunos casos, como en este, con un rigor técnico y judicial pues da la razón de que efectivamente era un video que carecía de cualquier rigurosidad investigativa, técnica, argumentativa y de control político y que solo buscaba menoscabar el buen nombre de la Gobernadora”, explicó Vanegas.
Recordó que el control político debe realizarse de manera seria, de manera objetiva, con argumentos y con investigaciones rigurosas. “Para eso está concebido y esa es la gran diferencia entre el control político y los ataques injuriosos y difamatorios que algunas personas pretenden hacer para ganar adeptos y para ganar likes en las redes sociales”, concluyó al hacer referencia al desgaste innecesario de la rama judicial.
Oficina de Comunicaciones
Gobernación del Valle del Cauca