Ante las recientes decisiones judiciales que han ordenado como medidas provisionales la suspensión de las clases presenciales, la Administración departamental manifestó su preocupación por la interrupción del retorno a clases en municipios no certificados como Pradera y Bugaladrande.
Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación del Valle, aseguró que «somos respetuosos de los fallos y medidas provisionales que emitan los jueces. Sin embargo, nos preocupan estas decisiones judiciales y solicitamos de manera respetuosa que en beneficio de la población escolar y la calidad educativa estos fallos sean específicamente en las sedes educativas que el juez determine y que no se haga de forma generalizada».
La funcionaria agregó que se «está afectando a aquellas Instituciones Educativas que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad y que ya están recibiendo a sus estudiantes en clase», reiterando que la presencialidad tiene un impacto positivo en el desarrollo emocional y pedagógico de los estudiantes.
Recordó que el Gobierno del Valle ha garantizado la entrega de insumos y elementos de bioseguridad necesarios para el retorno seguro y progresivo en las 149 instituciones educativas oficiales que tiene a cargo el departamento en los 34 municipios no certificados.